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Con un incremento presupuestario del 5,4%, Vivienda se ha vuelto una de las carteras protagonistas del actual panorama macroeconómico. El ejecutivo de Sánchez aprobó hace un par de semanas un Real Decreto-Ley para agilizar el desembolso de las ayudas del Plan Estatal de acceso a la Vivienda 2022-2025, además de comprometerse a la garantía de los Planes anteriores. La intención es asegurar, cuanto antes, que las cuantías económicas lleguen a quienes las necesiten. Ya se conoce la distribución territorial de los presupuestos de Comunidades Autónomas -a excepción del País Vasco y Navarra, debido a su régimen foral-, un total de 1.443 millones. ¿Conseguirá este aumento hacer frente al contexto?

Los ajustes, de carácter muy técnico, afectan a planes de vivienda anteriores aún vigentes «porque todavía hay actuaciones que se están desarrollando», explicó tras el correspondiente Consejo de Ministros Raquel Sánchez, la ministra del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Entre otros aspectos, los últimos cambios del Mitma facilitan la «contribución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria (Sareb) al incremento del parque de viviendas públicas». Actualmente, se ha destinado 10 millones de euros a las CCAA -de forma adicional al Presupuesto General del Estado 2022- para que «puedan comprar directamente a la Sareb».

La intención es dar respuesta a la demanda compra de vivienda y alquiler asequible que determina el panorama inmobiliario en España. Si antes las ayudas económicas estaban limitadas al 60%, con la introducción de las nuevas medidas el porcentaje asciende al 100%.

Otros focos de atención van a cuestiones como la rehabilitación y accesibilidad de las viviendas o la construcción de obra nueva para lograr alquileres asequibles, un proyecto con el que el Gobierno está cerca de alcanzar más de 100.000 viviendas, 98.000 de las cuales ya están construidas y 25.000 de las mismas que ya están siendo habitadas.

Para potenciar su estrategia, la cartera ha lanzado una campaña publicitaria que se difundirá hasta el 4 de diciembre y que resume todas estas normativas, además del Bono Joven del Alquiler, un programa cuyo presupuesto inicial se fijó en 400 millones.
El importe que el Ministerio tiene previsto destinar a las comunidades autónomas en programas de ayudas del Plan Estatal 2022-2025 asciende a 1.443 millones de euros en sus cuatro años de vigencia. Por comunidad autónoma, los compromisos financieros que el Ministerio asume para los cuatro años de vigencia se reflejan en la siguiente tabla, donde aparecen comprometidos 1.420 millones de los 1.443 anunciados en el Plan global:

¿Las comunidades con más presupuesto? En el podio, Andalucía, la más extensa, con 246,7 millones, seguida de las grandes capitales, cifras similares: Madrid con 209,4 millones y Cataluña, con 209,2 millones; continúa la Comunidad Valenciana, con 164,5 millones. Las que menos, La Rioja, con 24 millones, Cantabria, con 27,4 millones y Baleares, con 34,6 millones.

¿Qué porcentaje de financiación estatal se aplica en cada autonomía? Las últimas comunidades en firmar los presupuestos han sido Asturias, que cuenta una financiación pública de 56,2 millones, y Murcia, cuenta con una financiación pública de 50,7 millones.

Por ejemplo, en el monto previsto para el Principado, el Mitma financiará 44,2 millones (casi el 79% del total), y la Comunidad Autónoma, los 12 millones restantes. En la región, la cifra será 44,4 millones (87% del total), y la Comunidad Autónoma aportará los 6,3 millones restantes.

Objetivos del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025

El Plan cuenta con cuatro tipos de programas que persiguen cinco objetivos a corto plazo y otros cinco a largo plazo.

A corto plazo, estas son las metas del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025:

1. Ayudas directas al alquiler, para los arrendatarios con menos recursos.
2. Ayudas para personas vulnerables, que incluyen estas últimas ayudas y también los gastos de suministro y de comunidad, de hasta el 100%, pretenden ser inmediatas y contemplar colectivos como víctimas de violencia de género, a las personas objetos de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otros colectivos vulnerables.
3. Acceso a la vivienda de los jóvenes, con mayores ayudas al alquiler e incluso con ayudas a la compra de vivienda en municipios o pequeños núcleos de población.
4. Ayuda a los arrendadores del seguro de protección tiene como objetivo fomentar la oferta de vivienda en alquiler con ayudas a los arrendadores para el pago de un seguro de protección de la renta arrendaticia.
5. Ayudas a la juventud en poblaciones menos pobladas (-10.000 habitantes), repetida y ligeramente ligada al reto demográfico: el fin es la compra de una vivienda «habitual y permanente» en estas zonas de la España Vaciada por parte de los más jóvenes.

A medio plazo, el Gobierno de Sánchez ha marcado otros cinco puntos:

1. Impulsar el parque público de vivienda para incrementar la oferta de alquiler social, estableciendo ayudas a la compra de viviendas por las administraciones públicas o sus entidades vinculadas o dependientes.
2. Aumentar este alquiler asequible, especialmente, para las personas mayores o con discapacidad, mediante ayudas a las promociones residenciales con diseño, instalaciones y servicios que respondan a sus especiales circunstancias.
   
   Y especifica: ayudas, ya sean proyectos de titularidad pública o privada, y ya sean de nueva edificación o procedentes de la rehabilitación de edificios preexistentes que se destinen durante x tiempo al alquiler asequible con rentas limitadas y para arrendatarios con ingresos limitados.
3. Promocionar los alojamientos temporales. Incrementar la oferta de alojamientos y viviendas en alquiler, de modalidades residenciales tipo cohousing, de viviendas intergeneracionales y otras similares en las que se reduce la superficie personal y se incrementa la superficie de zonas comunes.
4. Aumentar la oferta de vivienda en alquiler social mediante la disposición de productos como la cartera de viviendas de la SAREB y de entidades públicas a las comunidades autónomas y entidades locales, para que sean destinadas a este fin.
5. Aumentar la oferta de vivienda en alquiler asequible o social mediante la puesta a disposición, esta vez, de viviendas libres de gestores privados de vivienda en alquiler para su alquiler como vivienda asequible o social.

Mientras surgen nuevas formas de vivir que cada vez generan más y más apetito inversor, el gobierno estatal trata de responder a los retos en materia de vivienda sumando estos nuevos formatos al producto residencial habitual. Así, la vivienda se adapta al momento vital de la ciudadanía y logra satisfacer la demanda residencial de colectivos con x necesidades.

Pese a la actual incertidumbre inversionista y el aumento del coste de los materiales y el coste de la energía derivado de la invasión rusa de Ucrania, en España no cesan los proyectos, público-privados y/o privados. De hecho, el sector inmobiliario vivió una inversión récord en España hasta el mes de septiembre, cerrando el Q3 2020 con una inversión de 4.298 millones de euros, un 27% más que durante el mismo periodo de 2021. Es uno de los mercados que mejores cifras registra el último trimestre a nivel europeo.

La industria está concienciada. España aún tiene asignaturas pendientes: a priori, solucionar la falta de alquiler asequible o la falta de obra nueva a precio asequible. Las ayudas concretas a la vivienda por parte de cada CCAA todavía están por detallarse. Las oportunidades de contribuir a la cuestión están ahí y el mercado sigue construyendo: hay empresas que optan por nuevas formatos en residencial, hay empresas que apuestan por el modelo tradicional, hay empresas especializadas en rehabilitación… Hay proyectos para todas.

*Fuente:Brainsrenews.