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Los promotores, agrupados a través de su patronal APCEspaña, se han puesto manos a la obra para buscar soluciones para el que consideran uno de los grandes problemas sociales de nuestro país: la dificultad de acceso de los jóvenes a la vivienda.

Para ello, han elaborado una serie de propuestas en las que el Estado tiene un papel clave, ya que quieren que la Administración financie sin intereses una parte de la entrada que se debe pagar al adquirir una vivienda.

"Esta práctica ya se está aplicando con éxito en Francia", apunta a elEconomista Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña y Asprima. Tras una reunión con la patronal del país vecino, "hemos visto distintas líneas de actuación que podrían llevarse a cabo aquí y que supondrían una interesante solución para la gente joven que tiene capacidad para pagar una hipoteca, pero que sin embargo no han tenido posibilidad de ahorrar y por tanto no disponen del dinero necesario para hacer frente a la entrada", explica el directivo.Por un lado, propondrán al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez que abran una línea similar al Crédito 0 que está operativa en Francia, de modo que el Estado preste sin intereses entre el 15% y el 20% de la compra de la vivienda. Ese crédito se paga al final del préstamo hipotecario, que cubre entre el 75% y el 80% de la operación.

"Con esta fórmula lo que hace el Estado realmente es prestarle al comprador un dinero que ya ha pagado en impuestos al firmar la adquisición de la casa. Con esto consiguen una agilización de la actividad del mercado promotor y solventan el problema de acceso de una gran parte de la población", explica Gómez-Pintado.

Las aseguradoras entran en juego 

Otra de las vías en las que están trabajando es la entrada en este negocio de las compañías de seguros. "Tras testar el interés de algunas de las grandes empresas de este sector nos pusimos a trabajar de forma conjunta con ellas y con los principales bancos para buscar una fórmula en la que una aseguradora garantiza el 20% de la operación de compra para que las entidades financieras puedan extender la hipoteca hasta el 95% o 100% de la operación", apunta Gómez-Pintado.

"Esto también se hace en Francia. Concretamente, allí tienen un crédito que en lugar de ser con garantía hipotecaria es con garantía de una compañía de seguros. El plazo es más corto, están entre 20 y 25 años y esto minora mucho el consumo de capital que tienen los bancos frente al Banco de Francia", detalla el presidente de APCEspaña.

Para poder llevar a cabo esta línea de actuación la principal barrera se encuentra en el Banco de España, con el que ya están en conversaciones. El objetivo del sector financiero es que el regulador no penalice este tipo de operaciones a través de mayores peticiones de capital y provisiones, ya que superan el umbral del 80%, considerado como la línea roja para que una operación se considere de alto riesgo. Así, "las entidades entienden que si una parte del crédito está avalado por una compañía de seguros no puede computar el consumo de capital como si no tuviesen ningún aval", destaca Gómez-Pintado.

La patronal llevará estas propuestas ante el Ejecutivo tras el rechazo del último Gobierno de Mariano Rajoy y la anterior legislatura de Sánchez. "Tras hablar con Fomento y el ICO, finalmente no logramos llegar a un entendimiento con el Ministerio de Economía", explica Gómez-Pintado, que apunta que "lejos dejar el tema, desde la patronal seguimos buscando nuevas alternativas que permitan atajar el problema existente"

En sus primeros intentos de implicar a la Administración  la propuesta fue algo distinta, ya que en las anteriores reuniones la patronal tomó como referencia otro caso de éxito. Así, intentaron replicar el modelo de Reino Unido donde mediante un plan bautizado como Help to buy, el Estado avala el 20% al comprador que cumple unos requisitos determinados, de forma que el banco puede extender la hipoteca hasta el 95% de la operación. La obligación es que el cliente ponga un 5% del precio total de la vivienda.

Los promotores confían en que esta vez el resultado sea más exitoso ya que la vivienda se ha convertido en una pieza angular dentro de las medidas del nuevo Gobierno de coalición. Así, con el objetivo de frenar la subida de precios, el Ejecutivo ha lanzado el Plan 20.000 con el que se quieren levantar 20.000 pisos en suelos públicos mediante colaboración público privada.
*Fuente: ElEconomista.es