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El Congreso se ha trasladado por primera vez fuera de Madrid y la intención es celebrar cada edición en una comunidad autónoma, empezando por la valenciana, donde estaba previsto para febrero pero se retrasó por la pandemia de coronavirus, según ha explicado a EFE el presidente de APC España (Asociación de Promotores y Constructores), Juan Antonio Gómez Pintado.

Un derecho constitucional

El objetivo de las dos jornadas que acogerá el Palacio de Congresos de València es definir los retos de la sociedad para poder satisfacer el derecho constitucional del acceso a la vivienda y los obstáculos que existen actualmente para que las nuevas generaciones accedan a una vivienda digna.

Además, se abordarán todas las cuestiones que surjan en los próximos meses a raíz de los fondos europeos de recuperación y las nuevas leyes previstas que afectarán al sector de la vivienda.

El Congreso contará con la participación de urbanistas, sociólogos, arquitectos, miembros de sectores vinculados al residencial y la administración pública, para reflexionar sobre las preferencias actuales de los consumidores y las nuevas formas de vivir.

La importancia de la cooperación de los operadores privados con las administraciones públicas, las trabas burocráticas y las consecuencias por los retrasos en la concesión de licencias, la falta de un parque de viviendas de alquiler y una revisión de las líneas de actuación que han adoptado otros países para solventar estos problemas serán objeto de exposición.

Menos burocracia

En cuanto al principal problema, la falta de suelo finalista, la solución pasa por una menor burocracia sin menoscabo de la seguridad jurídica para que sea "más ligera, más automática y digitalizada", según Gómez Pintado.
Esa burocracia afecta en los tres estamentos de la administración -nacional, autonómica y municipal- y se puede mejorar, como ha ocurrido en el caso de Madrid.

Para Gómez Pintado, la política desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid es "un claro ejemplo de modernización", en contraposición "al Ayuntamiento de València, que no se caracteriza por la agilidad en la concesión de licencias", un problema que eleva en 36.000 euros el coste por vivienda de obra nueva como consecuencia de los retrasos en la concesión.

Para agilizar las licencias, Madrid ha establecido la concesión de licencia rápida en la que, junto a la presentación del expediente, se puede solicitar el permiso de movimiento de tierras y cimentación, con plazos reducidos de resolución; el poder gestionar una licencia a través de una entidad colaboradora urbanística; y la digitalización de las licencias a través de la tecnología BIM (Building Information Modeling), con la facultad de que un técnico audite manualmente los procesos.

En cuanto a la Ley del derecho a la vivienda, la APCEspaña tiene una posición contraria por la intervención en un mercado como el alquiler ya que, en su opinión, "cuando limitas las rentas, desaparece vivienda del mercado y encareces las zonas limítrofes", y también por el hecho de que se haga distinción entre grandes propietarios de viviendas en alquiler y particulares.

Preguntado por el aumento de los precios y los costes para una vivienda, Gómez Pintado señala que con las subidas actuales cuesta entre un 15 y un 17 % más la construcción de una vivienda, pero las perspectivas apuntan a un descenso en el precio de los materiales de construcción como el acero o el aluminio debido a la caída de la alta demanda que tenía China. 

*Fuente:Valencia Plaza.