La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) urge al Gobierno medidas de flexibilidad en el desarrollo de los contratos respecto a la posibilidad de suspender, reducir o prorrogar la actividad de las obras en curso, sin penalizaciones, durante el tiempo necesario, si la empresa tuviera dificultades para cumplir con las medidas requeridas de salud y seguridad para los trabajadores y/o si no puede desarrollar la actividad debido a la interrupción de suministros o la escasez o falta de personal a raíz del COVID?19. La patronal que engloba a todo el sector incide en la necesidad de "continuar con la actividad constructora".
"Para nosotros lo fundamental es que el sector de la construcción quiere seguir trabajando y no parar las obras, que quede eso claro", precisa Juan Lazcano, presidente de la CNC, en declaraciones a 'elEconomista'. "La voluntad es que no decaiga la actividad constructora porque de ello depende el empleo y la actividad económica de nuestras empresas", insiste. Ahora bien, para ello, reclama al Gobierno que "defina medidas de flexibilidad en el desarrollo de los contratos ya sean públicos o privados".
Así, en un contexto en el que "puede haber complicaciones en las obras", solicita que "se puedan suspender de mutuo acuerdo por imposibilidad total, que se reduzca el ritmo y se autoricen prórrogas, y que no existan penalizaciones" porque, a su juicio, "todo ello deriva de una causa de fuerza mayor".
Esta consideración, precisamente, "puede facilitar la aplicación de ERTE (expedientes de regulación de empleo) en algunos, pero sobre todo, evitar consecuencias negativas como la suspensión de obras y paralizaciones definitivas". Con ello, "las obras continuarían, se podrían reprogramar y ajustar para que no tenga incidencia en el empleo", destaca Lazcano, porque, en según advierte, "lo más grave para el sector sería que los contratos de trabajo desaparecieran".
El sector ya ha remitido al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sus demandas, si bien hasta la fecha no ha obtenido respuesta. "El ministro es consciente de la opinión del sector en el sentido de continuar las obras", señala el presidente de la CNC, quien hace hincapié a los problemas que se están encontrando las constructoras en cuanto a "suministros de materiales, disminución notable de trabajadores, dificultades para el traslado de los empleados, carencia de equipos de protección individual (EPIs) o dificutades para cumplir los requisitos de distancia social". "Unos serán de mayor o menor entidad y pueden tener impacto en la obra", subraya. En el primer caso, reclama que se allane el camino para "una suspensión de mutuo acuerdo y sin penalizaciones". A este respecto, el artículo 34 del Real Decreto?Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID?19 ya contempla "unas mínimas compensaciones".
Tiempo de recuperación
Preguntado por el impacto económico que ya registra el sector, Lazcano considera que "aún es difícil de evaluar". Eso sí, alerta de los efectos sobre la construcción después de haber tardado "ocho o nueve años" en recuperar los niveles que teníamos en 2012. Aquel año, la producción superaba los 134.000 millones de euros y en 2019 se situó en el entorno de los 125.000 millones.
Por ahora, la CNC no tiene monitorizadas las obras que se están deteniendo como consecuencia de la crisis sanitaria. "En País Vasco, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia continúan sin problema según lo que nos remiten nuestras asociaciones", señala Lazcano.
La posición de CNC está alineada con la ya expresada este martes por Seopan, la organización que representa a las grandes constructoras y concesionarias españolas. Difiere, sin embargo, de la postura expresada por los sindicatos (CCOO y UGT), que han abogado por mantener activos sólo aquellos contratos que se refieran a obras y mantenimiento de instalaciones esenciales con el fin de combatir la propagación del coronavirus. Una medida que también ha defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Para lograr esa mayor flexibilidad, que CNC solicita que sea aplicable para todas las obras, públicas o privadas, la organización que preside Juan Lazcano demanda al Gobierno que la pandemia del coronavirus sea reconocida como caso de fuerza mayor, una petición que también ha solicitado a la Comisión Europea la Federación de la Industria Europea de la Construcción (FIEC). Con ello, el sector considera que se facilitaría la preservación de empleos y evitaría paralizaciones definitivas.
La CNC reclama, en este contexto, una prórroga de la duración de las obras y que se destinen recursos específicos para cubrir los costes adicionales generados (generales, extras, de seguridad y salud, de organización y reprogramación, etc.).
La pandemia está afectando severamente a la actividad económica de toda la cadena de valor de la industria de la construcción, cuya producción bruta representa un 10% del PIB, y emplea a 1.265.00 personas trabajadoras. La CNC admite que el Real Decreto?Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID?19, contempla "la voluntad legislativa de que la actividad constructiva se mantenga salvo que como consecuencia de las limitaciones derivadas de la declaración de estado de alarma aquella resulte imposible, y en este marco se viene desenvolviendo el sector de la construcción, compatibilizando los trabajos a desarrollar con las nuevas y rigurosas medidas de prevención, de seguridad y de salud", que "hacen más compleja la ya de por sí complicada organización de una obra.
Impacto en la actividad
La patronal de la construcción incide en que "las empresas se encuentran enormemente afectadas en sus ritmos de producción, que pueden devenir en posibles incumplimientos de contratos, cancelaciones, suspensiones o penalizaciones". La CNC quiere con las medidas adicionales reclamadas al Gobierno "mitigar todos estos posibles impactos".